PENA MILITAR-POLICIAL ESTARIA EQUIVOCADA
VOZ DE ALERTA
11-07-2010
Sentencias contra personal militar-policial por delitos
de lesa humanidad son equivocadas y deben ser revisadas
El ministro de Defensa Rafael Rey consideró necesario revisar y modificar las sentencias por delitos de lesa humanidad contra policías y militares porque ningún exceso cometido por uniformados durante la guerra contrasubversiva corresponde al marco conceptual de crímenes contra la humanidad.
En una entrevista con Voz de Alerta que emite radio San Borja, el ministro sostuvo que “legal y etimológicamente” los delitos de lesa humanidad no son aplicables a los uniformados que participaron en la guerra antisubversiva en el país.
Explicó que según el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define el delito de lesa humanidad, estos se perpetran cuando hay asesinato, violación, deportación, tortura, etc. por motivos raciales, religiosos, ideológicos o políticos, situación que no corresponde eventuales excesos cometidos por personal militar-policial.
“Las muertes que (el personal militar-policial) puede haber ocasionado en la lucha contra el narcoterrorismo o incluso los asesinatos extrajudiciales -que son inaceptables- ¿fueron cometidos por razones raciales, religiosas, ideológicas o políticas?: No. Por lo tanto, ningún delito cometido por militares y policías puede ser calificado de lesa humanidad”, argumentó Rey.
El ministro advirtió que paradójicamente los crímenes perpetrados por las bandas terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en estricto, si pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos por motivos políticos.
En ese sentido recordó que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) definió a Sendero Luminoso como un partido político.
No obstante llamó la atención de que ningún terrorista ha sido acusado y condenado por delitos de lesa humanidad en los tribunales, ni siquiera el sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Rey sostuvo que así como se han revisados los juicios contra los subversivos, es legítimo que ahora se revisen las condenas por delitos de lesa humanidad que involucran a policías y militares que participaron en la lucha contra el terror.
En un escenario donde se sucede “abuso tras abuso, incoherencia tras incoherencia y absurdo tras absurdo”, dijo Rey, Abimael Guzmán y la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso tampoco han sido declarados culpables del delito de autoridad mediata por los miles de asesinatos que cometieron las huestes de esa secta maoísta durante la guerra.
Sin embargo -expresó su indignación el ministro- la teoría de la autoridad mediata si es aplicable a toda la cadena de mando de las FFAA, en ese sentido, han sido procesados oficiales que no estuvieron presentes ni dieron órdenes de asesinatos de sospechosos de subversión o detenidos por parte de subalternos.
“Abusos generaron
rechazo de opinión pública”
Estas “incoherencias increíbles”, dijo Rey no solo responden a una deficiente administración de justicia sino que el país “se ha dejado avasallar” por operadores que arbitrariamente “se han dedicado a interpretar los principios de los derechos humanos con un sesgo absolutamente injusto y que es atentatorio contra el derecho de los demás”.
Este sector, dijo, ha conseguido armar un cuerpo legal atentatorio contra los derechos de los militares y policías y, a través de ONGs y sus aparatos mediáticos, ha logrado influir de modo notable en la opinión pública.
Sin embargo, la suma de abusos –que se hizo llamativa con la libertad condicional a la colaboradora del MRTA Lori Berenson y paralelamente la sorprendente persecución judicial contra su captor, el general PNP (r) Juan González- ha generado el rechazo de la opinión pública y la consciencia en el país de la victoria legal de la subversión.
Rey recordó que en solitario, durante el gobierno de Alejandro Toledo, alzó su voz para advertir que se estaba indultando indebidamente a reos por terrorismo que no merecían ese beneficio, de que se estaba flexibilizando el control en las cárceles donde se hallaban estos delincuentes y de que se estaba pretendiendo indemnizar injustamente a subversivos.
El ministro de Defensa opinó que debido “al odio, el sentido de revancha y diferencias ideológicas” durante la administración Toledo se desmontó irresponsablemente el aparato jurídico antiterrorista implementado durante el régimen fujimorista.
Rey garantizó que durante el Gobierno de Alan García el Estado no ha hecho pago “ni de un sol” por concepto de indemnizaciones a favor de terroristas y dijo que es conveniente que se de a conocer al país cuánto dinero ha determinado la CIDH que el estado peruano pague por concepto de indemnización a terroristas o sus deudos, cuanto se ha abonado y durante que gobiernos.
Legislación sobre justicia militar
policial estaría lista en un mes
El ministro de Defensa, por otra parte, informó que su sector espera terminar en un plazo de 30 días útiles la adecuación de la legislación sobre diversos aspectos de la justicia militar- policial, en el marco de la delegación de facultades que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo sobre esta materia.
"Tenemos 60 días, pero espero tenerlo listo en los próximos 30 días útiles. Esa es la meta que le he puesto al equipo de abogados y conocedores que están trabajando este tema", comentó.
Rey explicó que entre las materias a legislar, dentro del marco establecido por el Tribunal Constitucional, se encuentran las referidas a las leyes antiterroristas, el uso y empleo de armas por parte de militares y policías, así como la defensa legal de los miembros de las FFAA y la Policía acusados de violaciones de derechos humanos durante la lucha contra la subversión.
Asimismo, comentó que también se harían "más justas" las normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente con el personal militar-policial que ha sido condenado o procesado por delitos de lesa humanidad.
"Eso no significa que después podamos trabajar de la mano con el Congreso y el Ministerio de Justicia para dar otras leyes que permitan poner las cosas en su sitio en materia militar", afirmó.
Sin embargo, el ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de que esta adecuación de la legislación sea pretexto para realizar una "amnistía camuflada" a favor de los militares procesados por cometer supuestas violaciones a los derechos humanos.
El pleno del Congreso acordó el 10 de junio pasado otorgar un plazo de 60 días facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de justicia militar y policial, con el propósito de adecuarla a la jurisprudencias establecida por el Tribunal Constitucional
VOZ DE ALERTA
11-07-2010
11-07-2010
Sentencias contra personal militar-policial por delitos
de lesa humanidad son equivocadas y deben ser revisadas
El ministro de Defensa Rafael Rey consideró necesario revisar y modificar las sentencias por delitos de lesa humanidad contra policías y militares porque ningún exceso cometido por uniformados durante la guerra contrasubversiva corresponde al marco conceptual de crímenes contra la humanidad.
En una entrevista con Voz de Alerta que emite radio San Borja, el ministro sostuvo que “legal y etimológicamente” los delitos de lesa humanidad no son aplicables a los uniformados que participaron en la guerra antisubversiva en el país.
Explicó que según el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define el delito de lesa humanidad, estos se perpetran cuando hay asesinato, violación, deportación, tortura, etc. por motivos raciales, religiosos, ideológicos o políticos, situación que no corresponde eventuales excesos cometidos por personal militar-policial.
“Las muertes que (el personal militar-policial) puede haber ocasionado en la lucha contra el narcoterrorismo o incluso los asesinatos extrajudiciales -que son inaceptables- ¿fueron cometidos por razones raciales, religiosas, ideológicas o políticas?: No. Por lo tanto, ningún delito cometido por militares y policías puede ser calificado de lesa humanidad”, argumentó Rey.
El ministro advirtió que paradójicamente los crímenes perpetrados por las bandas terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en estricto, si pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos por motivos políticos.
En ese sentido recordó que la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) definió a Sendero Luminoso como un partido político.
No obstante llamó la atención de que ningún terrorista ha sido acusado y condenado por delitos de lesa humanidad en los tribunales, ni siquiera el sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Rey sostuvo que así como se han revisados los juicios contra los subversivos, es legítimo que ahora se revisen las condenas por delitos de lesa humanidad que involucran a policías y militares que participaron en la lucha contra el terror.
En un escenario donde se sucede “abuso tras abuso, incoherencia tras incoherencia y absurdo tras absurdo”, dijo Rey, Abimael Guzmán y la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso tampoco han sido declarados culpables del delito de autoridad mediata por los miles de asesinatos que cometieron las huestes de esa secta maoísta durante la guerra.
Sin embargo -expresó su indignación el ministro- la teoría de la autoridad mediata si es aplicable a toda la cadena de mando de las FFAA, en ese sentido, han sido procesados oficiales que no estuvieron presentes ni dieron órdenes de asesinatos de sospechosos de subversión o detenidos por parte de subalternos.
“Abusos generaron
rechazo de opinión pública”
Estas “incoherencias increíbles”, dijo Rey no solo responden a una deficiente administración de justicia sino que el país “se ha dejado avasallar” por operadores que arbitrariamente “se han dedicado a interpretar los principios de los derechos humanos con un sesgo absolutamente injusto y que es atentatorio contra el derecho de los demás”.
Este sector, dijo, ha conseguido armar un cuerpo legal atentatorio contra los derechos de los militares y policías y, a través de ONGs y sus aparatos mediáticos, ha logrado influir de modo notable en la opinión pública.
Sin embargo, la suma de abusos –que se hizo llamativa con la libertad condicional a la colaboradora del MRTA Lori Berenson y paralelamente la sorprendente persecución judicial contra su captor, el general PNP (r) Juan González- ha generado el rechazo de la opinión pública y la consciencia en el país de la victoria legal de la subversión.
Rey recordó que en solitario, durante el gobierno de Alejandro Toledo, alzó su voz para advertir que se estaba indultando indebidamente a reos por terrorismo que no merecían ese beneficio, de que se estaba flexibilizando el control en las cárceles donde se hallaban estos delincuentes y de que se estaba pretendiendo indemnizar injustamente a subversivos.
El ministro de Defensa opinó que debido “al odio, el sentido de revancha y diferencias ideológicas” durante la administración Toledo se desmontó irresponsablemente el aparato jurídico antiterrorista implementado durante el régimen fujimorista.
Rey garantizó que durante el Gobierno de Alan García el Estado no ha hecho pago “ni de un sol” por concepto de indemnizaciones a favor de terroristas y dijo que es conveniente que se de a conocer al país cuánto dinero ha determinado la CIDH que el estado peruano pague por concepto de indemnización a terroristas o sus deudos, cuanto se ha abonado y durante que gobiernos.
Legislación sobre justicia militar
policial estaría lista en un mes
El ministro de Defensa, por otra parte, informó que su sector espera terminar en un plazo de 30 días útiles la adecuación de la legislación sobre diversos aspectos de la justicia militar- policial, en el marco de la delegación de facultades que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo sobre esta materia.
"Tenemos 60 días, pero espero tenerlo listo en los próximos 30 días útiles. Esa es la meta que le he puesto al equipo de abogados y conocedores que están trabajando este tema", comentó.
Rey explicó que entre las materias a legislar, dentro del marco establecido por el Tribunal Constitucional, se encuentran las referidas a las leyes antiterroristas, el uso y empleo de armas por parte de militares y policías, así como la defensa legal de los miembros de las FFAA y la Policía acusados de violaciones de derechos humanos durante la lucha contra la subversión.
Asimismo, comentó que también se harían "más justas" las normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente con el personal militar-policial que ha sido condenado o procesado por delitos de lesa humanidad.
"Eso no significa que después podamos trabajar de la mano con el Congreso y el Ministerio de Justicia para dar otras leyes que permitan poner las cosas en su sitio en materia militar", afirmó.
Sin embargo, el ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de que esta adecuación de la legislación sea pretexto para realizar una "amnistía camuflada" a favor de los militares procesados por cometer supuestas violaciones a los derechos humanos.
El pleno del Congreso acordó el 10 de junio pasado otorgar un plazo de 60 días facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de justicia militar y policial, con el propósito de adecuarla a la jurisprudencias establecida por el Tribunal Constitucional
VOZ DE ALERTA
11-07-2010
posted by Manuel Jesús Orbegozo | 3:35 PM
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