El PERU PREMIARA A TERRORISTAS

A pocas horas de terminarse el año 2006, es preciso señalar que ninguna noticia ha tenido el mayor cariz de desventura que la generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha noticia, dígase de paso, ha sido crudamente criticada solo por algunos medios de comunicación y por muy pocos personajes políticos. Esto para evidenciar, acaso, los bajos o los altos intereses que mueven la conciencia de la nación.
El reciente fallo malhadado de dicha Corte obliga al Estado peruano a indemnizar a los terroristas y a sus familiares que directa o indirectamente participaron en la llamada masacre del Penal Castro Castro, mayo de 1992.

Los presos sectarios habían convertido a dicho Penal en un cuartel de adoctrinamiento desembozado y peligroso para la vida del país en sus días más álgidos. De allí se repartían diariamente repudiables consignas para seguir sembrado el terror en todo el territorio nacional.
En mayo del 92, cuando la situación interna del Penal era incontrolable, las fuerzas policiales empezaron una campaña de acosamiento a fin de lograr la recuperación del orden interno; recobrarlo, tal como lo imponían las circunstancias, no importa, a sangre y fuego, propio de una situación de guerra.
No vamos a extendernos en detalles que todos los peruanos conocemos. El hecho es que la recuperación de Castro Castro, como era previsible dada la determinación terrorista de no rendirse, produjo muchos muertos, heridos y sobrevivientes ilesos, en los dos o tres días de refriega.

La CIDH, luego de hecha la consulta, en noviembre pasado falló de manera aleve o, por lo menos, que hiere la dignidad del país.
Se recurrió a la Corte, no para que resultara premiando a los terroristas, sino, al contrario, para aumentar la condena a violadores de los DD. HH. Los presos del Castro Castro no eran ángeles caídos del cielo, eran criminales que habían alterado la paz en nuestro territorio, después de una década de años.
La Corte, parece que obviara lo que sufrió el Perú a manos de la subversión, cuya arma de combate fue el terror empleado de la manera más vil.
Casi no hay peruano que no tenga un recuerdo imborrable y repudiable de aquellos años que produjeron 25 mil muertos y otro tanto de millones de dólares en daños materiales, cifras dobladas y hasta triplicadas por la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación), según su informe final.

Toda la década del 80, los grupos terroristas de Sendero Lumioso y del MRTA con sus cabecillas Abimael Guzmán y Polay Campos, respectivamente, fueron de zozobra permanente, día y noche en costa, sierra y selva; los terroristas se ensañaron en el campesinado indígena que conforma el lado más débil de nuestra sociedad.
Finalmente, luego de la caída de ambos líderes de la -llamada por ellos- “lucha armada”, el país entró en franco camino de paz.

La noticia emanada de la CIDH es por demás enconosa. No tiene asidero ni legal ni humano. Su fallo no es coherente en el sentido de que el Estado peruano violó los Derechos Humanos de los presos de Canto Grande y lo obliga a pagarles indemnización: $52 mil para 41 de los muertos; entre 10 a 25 mil dólares a cada 185 sobrevivientes y, además de eso, a los familiares de dichos terroristas caídos en la develación, $10 mil a cada uno.

Ahora bien, cuando la CIDH dice que el Estado debe pagar, el Estado somos todos nosotros, los sobrevivientes de esa guerra impía. O sea, nosotros, tenemos que indemnizar a esos pobres muertos, a esos pobres sobrevivientes y a esos pobres familiares de semejantes “víctimas”.

Hay pocas voces políticas como la de Mauricio Mulder, secretario del APRA y de Lourdes Alcorta de UN, que han declarado terminantemente en contra del fallo. No se puede premiar de esa manera a los terroristas cualquiera sea su color. Las demás autoridades, incluyendo al presidente Alan García, no han dicho nada hasta hoy. El premier Jorge del Castillo, tibiamente, ha declarado que la reparación económica solo se hará con las victimas. ¿De dónde va a sacar tantos millones, Jorge del Castillo?

Aldo Mariátegui en el CORREO, es contundente con la CIDH; pide, no solo que no se escuche su fallo sino que el Perú haga lo posible por desvincularse de semejante Organismo. Sugiere que el Perú recobre su dignidad, que su propio Poder Judicial ejerza su tarea administrativa como lo hace la mayoría de países del mundo y que no se someta a tutelas humillantes como la que ha provocado este rechazo nacional.
Que si hay violadores de DD. HH, que se les castigue, pero que ¿además, se les indemnice como lo está sugiriendo ahora y luego, se les levante un monumento nacional?, por favor.

El CIDH ha violado nuestros DD. HH. ¡Pésimo CIDH, y pésimo 2006!.